¡La mesa está servida!, una vez que ocho de los once integrantes de la Suprema Corte de Justicia, han presentado la renuncia a sus cargos ante el Senado de la República -que por cierto, no requiere, por solo una ocasión, aceptación alguna de tal renuncia, ni del congreso ni de la Presidenta-, según lo admitió públicamente esta misma mañana el impresentable Gerardo Fernández Noroña -quien amenaza con no hacerlas válidas-, el balón está ya pues en la cancha de MORENA y sus aliados, y con ello en el umbral mismo de una Crisis Constitucional, largamente considerada, que se afirma, por parte de expertos en el tema es la primero y único de que se tiene registro en la historia del país.
Previo, algunos de los renunciantes, hicieron pública su decisión de manera personal, al tiempo que exhibían los motivos de la misma, que van desde meras posturas éticas hasta la negativa de someter la dignidad de Ministro a un votación mediante registro que incluye, en el colmo, presentar cinco caras de respaldo de igual número de sus vecinos, entre otras, cual si fueran aspirantes a figurar en alguna planilla de alguna presidencia de algun grupo estudiantil. Ese es el nivel de los convocantes tras haber decapitado el Poder Judicial, como lo habíamos conocido por varias generaciones de mexicanos, rompiendo con la tesis «del equilibrio de los poderes» en el que se sustenta la república, en fin, movido mes de noviembre nos espera, cuyos saldos, resultados son incógnitos, de impactos no calculados, obvio, cuya génesis se registra en un resentimiento, el que exhibió AMLO a lo largo de su sexenio, bajo el argumento de que «los ministros ganaban mas que él, siendo presidente» poquiita cosa pues, de simple acomplejado, que no alcanzó atención alguna a su salud mental.
Y en tanto en espera, se encuentra Coahuila, así como muchas entidades más, con todo y la obediencia perruna de sus Congresos, según se han exhibido, en las decisiones que definan el curso y fin que se alcance en la crisis en marcha, para definir lo propio con su poder judicial, por ahora a cargo del lagunero Miguel Mery Ayup ha levantado la mano y se dice supuesto a realizar el tramite correspondiente que incluye ser votado o botado en su caso, como ya lo fuera en otro ámbito, cuando figuró como candidato del tricolor a la presidencia del municipio de Torreón, experiencia tiene pues. Mismo que no se puede decir o acreditar por parte de la mayoría de los juzgadores que se sometan a tómbolas y votaciones en medio de un escenario muy adverso, artificiosamente construido para consumo de la opinión pública.
Y queda ahí, para la araña diríamos, el destino laboral de miles de trabajadores y funcionarios menores del Poder Judicial en el país, muchos de los cuales, apenas ayer, reanudaron labores tras el paro intermitente realizado en defensa de sus condiciones de trabajo y no se duda que muchos juzgadores locales más se sientan al mismo o bien se dispongan a su relevo, con toda la complejidad y los impactos que se generen si bien por ahora no se conoce el costo de tal renovación, ni muchos menos de donde serán aportados los recursos necesarios para ello, pero saldrán de algún lado, quizás en alguna partida de los 11 mil millones que se estima constará el proceso a nivel nacional en tanto que incluye la elección de 1,600 juzgadores federales.
Esta mañana, en Saltillo capital ya se registró el primero de los aspirantes a suceder en el cargo de Fiscal General de Justicia en el Estado, a través del aun Secretario de Seguridad Pública, Federico Fernández Montáñez, quien apenas ayer a mediodía, decía desconocer siquiera la convocatoria lanzada exprofeso, desde hacia días, lo que hace pensar con malicia que la designación, ya la trae en la bolsa, y que el resto, según presunción, el resto de quienes se encuentran inscritos o se vayan a inscribir en la convocatoria, pudieran ser solo el relleno democrático que corresponde. De tomar la posesión de dicho complejo y delicado puesto, el Licenciado Fernández Montáñez, deberá mantener en equilibrio la complicada percepción de seguridad pública, que lo hará establecer más que estrecha relación con el aparato institucional a su cargo, con todo y carencias del personal, capacitación de los mismos, vigilancia de actuaciones de sus Ministerios Públicos, actuarios, etc., etc., y necesidades materiales, equipos, en especial las que exigen los tiempos cibernéticos vigentes que se registran en la institución.
De confirmar en los hechos su arribo a la Fiscalia, queda en calidad de pendiente, conocer la desigancion del proximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila, pues la seguridad sigue siendo el pilar, el eje del discurso y quehacer del actual régimen, sobre todo, cuando en la región, circulan ya en sus espacio mensajes intimidatorios que tratan de ocupar la atención de la población no con las mejores causas, sino la clara intencionalidad de generar inquietudes, o hacer recordar a los laguneros «otros tiempos» en los que se instaló la violencia criminal en esplendor. Ahí están los hechos, al que hay que agregarle que muy bien, el gobierno de Manolo Jiménez Salinas haya asumido publicamente tales hechos, y no se escude en secrecía alguna, lo que puede generar que pronto se conozca quienes y con que intenciones ciertas los generan y difunden.
¿Justicia o venganza?, es el dilema, parodiando, toda proporción guardada a Hamlet, con su celebre de ¡ser o no ser! y que involucra el escándalo político regional vigente, es decir, el que envuelve a una regidora en ejercicio y otro más en el umbral de ejercerlo, es decir, el caso del padre e hija que conforman Mario y Xóchitl Cepeda y que abarca el espacio político que ocupa el alcalde Román Alberto Cepeda González y cuyo destino, corre por ahora a cargo del Congreso del Estado, a donde fue enviado y debe de instalar la guillotina que cancele, al menos por ahora trayectoria pública incipiente en una, o rastro alguna de la ya conocida del otro. Por lo pronto lo de menos será llamar a quién resulte ser los suplentes de ambos personajes, lo que sí se antoja difícil es crear un suplente emergente, en los ámbitos del control político «de la base» de donde emergen los ahora procesados entre los grupos de fuerzas sociales muy pero muy populares que fueran materia prima de las actividades que el profesor Mario Cepeda desarrolló durante los últimos 30 años, entre «las clases populares» de Torreón, capital social que sin duda le generó tales funciones, nada fáciles, ni muy «limpias» y que se gasta el profe Mario, en la protección de algunos de sus familiares directos, ahora como terceros perjudicados, también como es el caso del Ingeniero Mario Cepeda Villarreal, de quien se dice desde el pasado viernes desalojó el escritorio que ocupa como Subsecretario de Desarrollo e Inclusión Social en La Laguna.
Para variar se especula, que de no avanzar las gestiones jurídicas que dicen realiza Mario Cepeda Ramírez en busca de un Amparo que le permita ocupar la regiduría en vilo, al ser vinculado a proceso penal, tomaría las de villadiego, rumbo a mejores prados, más verdes, más morenos, segun se vea que los que ahora pisa en el Partido Revolucionario Institucional, acción con la que ya amagara hace alrededor de dos años o más años, y cuando MORENA le ofrecía espacio o ocupar entre los cascajos recogidos en tales tiempos, y ya veremos en qué acaba.
Por cierto, objeto de rumores es la visible ausencia en el ejercicio de sus funciones en el área de Atención Ciudadana, de la Licenciada Erika Sotomayor Hernández, atribuyéndose la misma a que sufre ostracismo, por parte de quien puede aplicarle en tales espacios, pues poco o nada se sabe, mientras son peras o son manzanas, se espera información «oficial» sobre tal caso.
Y ya se oyen comentarios en torno a la integración de grupo de ciudadanos distinguidos -no se sabe quien y bajo que criterio fueron seleccionados-, y que encabezados por el empresario José Piña Alvarez, líder de la CANADEVI serán observadores, toda vez que no tienen funciones legales en el proceso de entrega recepción que fija la ley al término de una administración y en espera de la siguiente, y que tiene bien reglamentada la legislación en esta materia, de ahí que las observaciones de estos, con todo y lo importante que sean tales miembros, no serán de modo alguno vinculantes, pues éstas solo competen a los integrantes de los órganos autorizados por ley, bien que el alcalde sume participación ciudadana, arrope y respete a la misma y ello no se convierta en un elemento más de suspicacias en estos tiempos donde la desconfianza ciudadana se hace presente en toda la sociedad de cristal donde habitamos.
