La Universidad recibe observaciones de la ASE por 867 millones de pesos a partir de la Auditoría a la Cuenta Pública 2019 que se realiza sobre la aplicación de los recursos que recibe para su operación.
Es importante mencionar que durante todo este tiempo se trabajó de manera cercana con la ASE, se siguieron sus recomendaciones y se realizaron las adecuaciones sugeridas por ellos, pero aún falta trabajo que realizar con las instancias federales y seguiremos haciéndolo para bajar las observaciones.
Esta baja del 69% en las observaciones también evidencian que el trabajo que se ha venido realizando al interior de la máxima casa de estudios es pertinente para ordenar el crecimiento y cambios que la misma ha sufrido con el paso del tiempo.
Resultado de esto, es que el 2019 es el primer año que el Estatuto Universitario se implementa en todos los sentidos, lo que permitió bajar sustancialmente las observaciones recibidas, sin embargo, los resultados hoy recibidos de la auditoría plantean la necesidad urgente de seguir trabajando con la modernización legislativa interna y con el clausulado del Convenio Tripartita para seguir cumpliendo con los principios de rendición de cuentas, transparencia y de fiscalización.
En los resultados de la auditoría del 2019 queda evidente que las observaciones son sobre los recursos aplicados en la nómina para el pago de personal en el que también influye el incremento de trabajadores por el crecimiento de los programas educativos que se ofrecen y al incremento en el número de la matrícula que se ha dado en los últimos años, pese al recorte del 8% del presupuesto que se tuvo a partir del mes de agosto del 2019.
Por lo que será necesario seguir trabajando con el Reglamento de Ingreso,
Promoción y Permanencia del Personal Académico que permita en las siguientes auditorías evitar las observaciones en este rubro.
Un problema que enfrentamos es que la plantilla con base en el Contrato Colectivo de Trabajo no corresponda con el Tabulador establecido en el Convenio Tripartita que se firma con la Federación, el Estado y la Universidad. Desde hace 30 años ha permanecido sin cambios.
Situación por la cual las Instituciones de Educación Superior (IES) hemos venido trabajando con la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP), Dirección General de Educación Superior e Intercultural y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para tomar medidas para que estas observaciones no se repitan ya que todas las universidades públicas recibimos este tipo de observaciones por las instancias de auditoría.
Este proceso que ha sido largo y lento aún no se refleja en las políticas establecidas en el Convenio Tripartita ya que el diálogo se suspendió por el problema de la pandemia. En el 2018 se trabajó con los departamentos jurídicos de estos organismos para que en el anexo de ejecución 2019 se integrara una cláusula que facultara a las instituciones de educación superior para hacer movimientos en el anexo de ejecución previa autorización por el Máximo Órgano de Gobierno, para el caso de
la UAdeC estos tabuladores han sido autorizados por dicho Órgano de autoridad universitaria.
Además, de acuerdo con la reforma de la Ley de Fiscalización y a la Ley de
Responsabilidades, se iniciará al interior de la Universidad una etapa de análisis de las observaciones y las investigaciones pertinentes para determinar las responsabilidades administrativas.
