Por Fernando Rangel de León

La reforma energética de 2013, del Presidente Enrique Peña Nieto, nació
espuria pues se aprobó a base de sobornos que recibieron los diputados y
senadores del PRI, PAN, PRD y partidos satélites; para entregar la generación,
producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica a particulares
nacionales y extranjeros; y para dar los hidrocarburos a los particulares, facilitando
el huachicoleo, el contrabando y otros ilícitos y jugosos negocios.

Como promesa de campaña el Presidente Andrés Manuel López Obrador,
se comprometió a revertir esas reformas en parte regresivas a antes de 1960 de
la nacionalización de la industria eléctrica, y a antes de la expropiación petrolera
de 1938.

Por eso AMLO envío iniciativas de ley para reformar la Ley de la Industria
Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos; las que ya fueron modificadas por los
Senadores y Diputados de MORENA, PT, PES y el PVEM, partidos de la coalición
Juntos Haremos Historia, quienes también hicieron suya esa promesa
presidencial.

La diferencia entre los legisladores que aprobaron la reforma de Peña y los
que acaban de aprobar la reforma de AMLO, es que los primeros lo hicieron por
dinero y otras prebendas; y los últimos lo hicieron por ideología, para que después
de la Independencia, la Reforma, y la Revolución, México entre a la 4T; lo que nos
hace muy orgullosos de estar en favor del devenir histórico de nuestro país.

Por esa promesa de campaña presidencial y por esa promesa legislativa
nadie nos debemos de llamar engañados por la 4T; pues el 1° de julio de 2018,
sabíamos los electores que queríamos esas reformas energéticas para bien de
México.

Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, fueron aprobadas por el
Congreso de la Unión, hace alrededor de mes y medio; y publicadas por el
Presidente de la República, en el Diario Oficial de la Federación DOF; por lo que
ya están vigentes, pero todavía no son positivas, es decir, no se han aplicado
porque el juez Juan Pablo Gómez Fierro, concedió suspensiones en juicios de
amparo contra esas modificaciones, que están por resolverse.

Este jueves 22 de abril, se aprobaron las reformas a la Ley de
Hidrocarburos, y ya fueron publicadas en el DOF, para que entren en vigor desde
luego.

Estas nuevas reformas energéticas castigan severamente el huachicoleo,
retiran la autorización de venta a las gasolineras que venden gasolina de
contrabando, y les revoca concesiones a las que vendan litros de gasolina y diesel
incompletos.

Pero no obstante que estas últimas reformas energéticas lo que buscan es
beneficiar el interés social, inmediatamente que entren en vigor, quienes lucran
con los hidrocarburos, seguramente promoverán demandas de amparo con
suspensión del acto reclamado para que no entren en vigor, y seguramente el
mismo juez Juan Pablo Gómez Fierro, les concederá la suspensión como lo hizo
contra la Ley de la Industria Eléctrica y Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radio Difusión.

Eso convierte a ese juez en un saboteador y un bloqueador de la 4T.