• En riesgo los derechos y la democracia de las personas en el país.
• Las megaobras atropellas a las personas más vulnerables.
• La OIT exige una consulta previa, libre e informada. 

La expropiación de bienes por parte del Estado, a pesar de haberse matizado con supuestas acciones de ocupación temporal, pone en riesgo los derechos de las personas y la democracia del país, así lo advirtió el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister».

Su presidente Jesús Rey Fierro Hernández recordó que las consecuencias son negativas para el Estado mexicano y van desde la pérdida de confianza en las instituciones, hasta el debilitamiento en la inversión y el emprendimiento, de manera particular, para aquellos grupos considerados como vulnerables.

«El riesgo de manifestar la ocupación temporal (o en los hechos de una expropiación) de territorios o bienes ocupados por la sociedad civil, de manera individual o en grupos, genera incertidumbre y crea un ambiente de desconfianza que afectará la estabilidad política y social de un país; más, si estas acciones se llevan a cabo de manera arbitraria o sin justificación.

Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) manifiesta un interés superior sobre territorios ocupados por personas de origen indígena, de tal suerte que garantiza el derecho a llevar a cabo una consulta previa, libre e informada, sobre aquellas decisiones que les afectan o pudiera afectar.

«El desarrollo de megaobras en esta administración federal, por ejemplo, la ampliación de la Base Aérea Militar de «Santa Lucía» en uno de carácter civil se llevó a cabo con el atropello de las poblaciones consideradas originarias de aquella zona mexiquense.

«No se consultó del todo a los integrantes de las culturas indígenas el uso del suelo y la demanda del agua en una zona que, de por sí, carece del vital líquido; sin contar con el grave cambio a su vida rural por una cada vez más metropolitana; sin duda, parte de su cultura será enterrado por la actividad de dicha terminal aérea, ahora conocida como Felipe Ángeles», expuso.

Fierro Hernández detalló que eventos como el Desarrollo Integral Morelos para ampliar un gasoducto -que intenta conectar las entidades de Tlaxcala, Puebla y Morelos- o el desarrollo de la refinería de «Dos Bocas» en Tabasco, evidencian el atropello sistemático de las culturas originarias, que incluso ha dado como respuesta el asesinato de varios activistas a favor de la conservación del medio ambiente.

«También, la construcción del Tren Maya y del Corredor Transístmico han pasado por el atropello de comunidades indígenas y grupos sociales debidamente organizados a costa de la intervención de las fuerzas armadas, situación que genera incertidumbre y más, en medio de una jornada electoral que se desarrolla en dos entidades del país, Coahuila y México», expuso.

«Los pueblos indígenas y grupos vulnerables tienen el derecho de mantener y fortalecer sus cultura, forma de vida e instituciones propias, además de participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Estas premisas constituyen la base sobre la cual deben interpretarse las disposiciones del Convenio de la OIT», expuso.

El abogado litigante -reconocido con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017- agregó que en la víspera infantes de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) no sólo han intervenido en las instalaciones de la empresa Ferrosur, de Grupo México, en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas en Veracruz; sino que vulnera el derecho de cientos de trabajadores y miles de personas que usan este medio de transporte para conseguir suministros en comunidades apartadas del país.